Declaración Cámaras de Comercio

 DECLARACIÓN DEL PLENO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ANDALUCÍA

El Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, compuesto por todos los Presidentes de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y en su caso, Navegación de Andalucía, reunido en sesión ordinaria celebrada en Linares, ha decidió por unanimidad realizar la siguiente Declaración:

La aprobación y publicación el pasado día 3 de diciembre del Real Decreto-Ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, introduce profundas modificaciones en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, viéndose afectada al mismo tiempo la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, aprobada en el Parlamento de Andalucía por unanimidad de todos los partidos políticos con representación. Esta modificación supone básicamente la supresión del recurso cameral permanente y la voluntariedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio, pero manteniendo todas y cada una de las funciones que estas Corporaciones tienen atribuidas por el legislador, así como su carácter de entidad pública.

El Real Decreto-Ley, recientemente aprobado por el Gobierno, pendiente de convalidación (o convalidado en su caso) supone una ruptura con el modelo continental de Cámaras de derecho público seguido por países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria, Croacia, Grecia, Luxemburgo y Turquía, entre otros. Por tanto es importante recordar que las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público, que defienden los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, lo que pone de relieve su carácter independiente, estando constituidos sus órganos de gobierno, elegidos democráticamente, por empresarios que representan a los diferentes sectores más relevantes de actividad de las distintas demarcaciones territoriales.

En España, la red cameral está conformada por 450 puntos de atención personalizada a las pymes con independencia del sector de actividad, tamaño o territorio en el que se encuentre, siendo en Andalucía, 14 las Cámaras y más de 85 los puntos donde se asesora permanentemente y se presta una atención especializada a las necesidades de los empresarios, contando con un equipo humano de más de 500 profesionales. La supresión de la obligatoriedad del pago de la cuota cameral, sin dar alternativas de financiación pública,impedirá el acceso a las pymes y autónomos andaluces, de los servicios puestos a su disposición actualmente y que difícilmente podrán acceder a ellos con la calidad, profesionalidad y objetividad que las Cámaras ofrecen, afectando igualmente al desarrollo de programas de mejora de la competitividad de las pymes. Debemos recordar, que el 50% de las empresas andaluzas no paga el recurso cameral permanente y un 80%, o no paga o tienen una cuota inferior a 20€/año.  Además los pagos de la cuota están relacionados con los beneficios obtenidos por las empresas, lo que supone por un lado, que los presupuestos de las Cámaras se adaptan a la coyuntura económica de las sociedades y por otro, significa un importante efecto redistributivo a favor de las pymes.

Asimismo, todos los ingresos que perciben las Cámaras de Comercio por cualquier vía son objeto de fiscalización y aprobación por la Administración, lo que supone un control de legalidad que garantiza el destino dado a los mismos. Las Cámaras andaluzas actúan ofreciendo servicios especializados en los campos de la internacionalización, innovación, mejora de la competitividad y apoyo a la creación de empresas, aportando a continuación algunas de las consecuencias que en Andalucía implicará la citada modificación:

·       Pone en peligro la continuidad del proceso de internacionalización de las empresas andaluzas (2/3 del recurso cameral se destinaban obligatoriamente a este capítulo), en particular:

o      1.000 empresas andaluzas al año dejarán de participar en Misiones comerciales.

o      4.122 empresarios andaluces al año no podrán formarse en internacionalización.

o      2.789 consultas dejarán de atenderse en el ámbito del sector exterior anualmente a través del Programa C@BI y C@SCE.

o      1.000 empresas no contarán con apoyo para iniciarse en la exportación gracias a las Cámaras a través del programa PIPE.

o      250 empresas no podrán recibir la ayuda en el programa de continuación de su proceso de internacionalización a través del programa Seguimiento PIPE.

o      50 empresas andaluzas no podrán tener acceso al mercado de las licitaciones internacionales a través del programa ILI.

o      Cerca de 200 empresas no podrán tener acceso a información tecnológica de carácter internacional a través del programa SITI.

o      Desde el año 2004 se han destinado 39 millones de euros a la promoción del comercio exterior.

o      La tramitación de los documentos de Admisión Temporal de Mercancías (cuadernos ATA) y de los Certificados de Origen Comunitario, claves para facilitar el comercio internacional de mercancías, quedaría paralizada. 16.000 certificados de origen dejarían de ser emitidos que afectarían a 600 empresas exportadoras de nuestra región.

·       Pone en peligro los servicios de apoyo a la creación y consolidación de empresas de nuestra Comunidad:

o      16.000 consultas de asesoramiento personalizado y especializado dejarán de ser atendidas.

o      1.200 empresas andaluzas dejarán de participar en acciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas.

o      5.400 empresarias andaluzas no contarán con asesoramiento para la puesta en marcha de su actividad.

·       Pone en peligro las acciones de impulso de la innovación y nuevas tecnologías en las empresas de Andalucía, en particular:

o      1.300 planes de innovación a empresas andaluzas para implantar las nuevas tecnologías dejaran de realizarse.

o      2.300 acciones en materia de innovación para las empresas andaluzas dejarán de gestionarse.

o      2.600 productos tecnológicos en el marco de distintos proyectos entregados no podrán tener seguimiento, continuidad y mejora.

o      21.000 certificados digitales emitidos en Andalucía verán dificultada su continuidad.

En definitiva, queremos manifestar que las Cámaras en general, somos conscientes de la grave situación económica, pero que medidas como las adoptadas de forma unilateral y no consensuadas con las Cámaras de Comercio, suponen un retroceso inmediato para el tejido productivo, ya que se perderá en competitividad, en incorporación de la innovación en los procesos productivos, en apoyo a la internacionalización, afectando además a unas instituciones de más de 125 años de antigüedad.

                                                                        Linares, a 14 de diciembre de 2010

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